Muchos países le han apostado a la salud y vida de las mujeres, Argentina es uno de ellos, este reportaje salió el domingo 29 de agosto en uno de los programas más vistos en ese país… El aborto considerado como un tema de salud pública.

La iniciativa va dirigida a 700 mujeres que aún están viviendo en aldeas o de allegadas en Talcahuano, una de las zonas más afectadas por el terremoto y tsunami.

Lo que busca este tour, manifestó la secretaria de Estado, “es subirle el ánimo a las mujeres y regalarle un tiempo para ellas mismas”.

En ese sentido, señaló que “muchas mujeres de las zonas afectadas se han dedicado a apoyar emocionalmente al marido e hijos, tratando de devolver la normalidad a la vida cotidiana, olvidándose de sí mismas”.

El  tour  “Mujer, Te Queremos Ver Linda” considera la contratación de 14 peluqueras de la comuna de Talcahuano, la mayoría jefas de hogar, que perdieron su fuente de ingresos producto del maremoto y tsunami.

La acción solidaria tiene por finalidad entregar a las mujeres damnificadas de nuestra ciudad y que peferentemente están viviendo en campamentos o en calidad de allegadas, un espacio para ellas, en el cual puedan acceder al embellecimiento que les permitirá aumentar su autoestima, a la vez que sobreponerse a la catástrofe ocurrida el 27 de febrero pasado, recibiendo atenciones de belleza gratuita consistentes en tintura, lavado, corte de pelo, peinado y maquillaje.

Mediante un protocolo para médicos difundido ayer, el Gobierno dio un polémico paso para extender la legalización del aborto en el país al admitir esa práctica para todos los casos de violaciones, no sólo para los de “mujer idiota o demente”, y poner como condición que la víctima presente una denuncia o, simplemente, una declaración jurada en la que afirme haber sido violada.

El ministro de Salud, Juan Manzur, firmó una resolución para poner en vigor la Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles. En ese documento, se detallan los pasos que deben dar los médicos para la interrupción de embarazos, con mayores precisiones que una guía previa, diseñada en 2007, durante la gestión de Ginés González García. Una de las principales modificaciones tiene que ver con la definición de “no judicialización” de los casos.

La medida no tardó en provocar una fuerte polémica. “Esto es legalizar el aborto de hecho y por una vía administrativa”, dijo el abogado Christian Hooft, vicepresidente de Aciera, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. “Es inviable, tiene que existir una prueba fehaciente de que existió la violación”, señaló el constitucionalista Gregorio Badeni (sobre lo que se informa aparte).

Según se indica en la nueva guía, “es competencia exclusiva de los médicos tratantes decidir si el caso encuadra en las previsiones de no punibilidad contempladas en el Código Penal”. Con esa aclaración, el Ministerio de Salud busca evitar la intervención de juzgados, tal como ocurre frente a muchos pedidos de abortos, incluso si están amparados por la normativa en vigor. Ese concepto de “no judicialización” no figuraba en la guía de 2007.

“Frente a casos de violaciones se exigirá a la víctima una declaración jurada o copia de la denuncia judicial, si es que la radicó”, precisó a LA NACION Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. “El fin de esta guía es dar claridad desde el Estado a los profesionales de la salud y preservar a las mujeres cuando deben ser asistidas”, añadió Ferro.

La serie de directivas para los centros sanitarios nacionales llegó apenas días después de que la presidenta Cristina Kirchner negara que su administración sea propicia a debatir una ley de abortos sin restricciones. Después del triunfo kirchnerista con la ley de matrimonio gay, diferentes organizaciones sociales pidieron avanzar en normas que permitan la interrupción libre de los embarazos. La Presidenta dijo que esa propuesta no sería tomada en cuenta (ver aparte). La resolución ministerial parece ser un camino político intermedio.

“Una realidad legislada”

El viceministro del Ministerio de Salud, Máximo Diosque, afirmó a LA NACION que la medida refuerza “una realidad que ya está legislada, pero que, frente a un notable desconocimiento, [los casos] se judicializaban, terminaban siendo noticia y se provocaban tremendas demoras”.

LA NACION intentó comunicarse con el ministro Manzur, pero las gestiones fueron infructuosas.

La medida abarca a los centros de salud nacionales, dado que las provincias tienen la facultad de adherir o no a las decisiones tomadas por el Ministerio de Salud. La propuesta de Manzur será evaluada en el Consejo Federal de Salud, en el cual los representantes provinciales serán invitados a rubricar el protocolo nacional sobre abortos.

En la guía del Ministerio de Salud se determinan que los casos no punibles de aborto se dan cuando “se han hecho para evitar un peligro de vida a la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”; si el embarazo “proviene de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente” y se agrega un punto referido a “si el embarazo proviene de una violación”. En el artículo 86 del Código Penal, citado en el texto del Ministerio de Salud, se afirma, en cambio, que el aborto no es punible “si el embarazo proviene de una violación o atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente”. La guía del Ministerio de Salud divide este artículo en dos figuras diferentes. Por un lado, los referidos a deficientes mentales, y por otro, a cualquier mujer violada. Queda en claro esa situación cuando se explica la forma en que debe demostrarse una violación antes de proceder a un aborto autorizado.

“Cuando el embarazo sea producto de una violación, la/el médica/o tratante debe solicitar a la mujer constancia de la denuncia de la violación o en su caso una declaración jurada de la mujer”, instruye la guía.

El último punto se combina con la “no judicialización” de los casos de aborto. Quedará así sólo en manos de los médicos decidir si se está frente a un caso de interrupción de embarazo autorizado, ya que no debe darse parte a la Justicia para que decida sobre el tema.

Se establece, también, un plazo máximo de diez días entre el momento en que la mujer solicite el tratamiento del aborto y la puesta en práctica de éste. En ese caso, los profesionales deben contar con el consentimiento por parte de la gestante, el diagnóstico que indique que su vida corre peligro o bien una declaración jurada de violación o la denuncia policial o judicial.

En casos vinculados con menores de edad, la opinión determinante será la de la embarazada, aunque sus padres se nieguen al aborto.

La guía permite la objeción de conciencia de los profesionales, pero determina que sólo podrá hacerse un planteo de esas características en forma personal, por lo que en todo centro de salud deberá haber un equipo profesional dispuesto a llevar adelante la interrupción del embarazo. “Si bien el médico puede ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica del aborto, la institución hospitalaria debe dar algún tipo de respuesta al pedido”, destacó Diosque.

QUE DICE LA GUIA

 - Abortos no punibles: cuando existe un peligro para la vida de una mujer y no puede ser evitado por otros medios que no sea mediante la práctica abortiva. También si el aborto se realiza con el fin de evitar un peligro para la salud de la mujer.

 - Otros casos: la guía divide en dos figuras lo estipulado en el artículo 86, segundo párrafo, inciso 2° del Código Penal de la Nación y autoriza el aborto para casos de “violación”, por un lado, y para casos de “atentados al pudor de una mujer idiota o demente”.

 - No judicialización: de acuerdo con el protocolo del Ministerio de Salud, es competencia exclusiva de los médicos tratantes decidir si el caso que se presente encuadra en las previsiones de no punibilidad contempladas en el Código Penal.

 - Plazos: la interrupción del embarazo debería realizarse dentro de los primeros 10 días siguientes a la solicitud de la mujer.

 - Declaración jurada: se requerirá una declaración jurada de violación o la denuncia policial o judicial, según el caso.

 - Objeción de conciencia: no podrá ser institucional, sino individual de cada profesional, quien, además, deberá declarar su reparo a partir de la entrada en vigor de la guía.

 - Menores: en el caso de los menores de 14 años se debe requerir la asistencia de los padres, tutores o encargados, a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata. La decisión es de la niña, ya que se procura conciliar el derecho de la paciente a la autodeterminación.

 ANTECEDENTES

 Julio de 2006. Un fallo de la Corte Suprema bonaerense ordenó realizar un aborto a una joven discapacitada que había sido violada por su tío. Se negaron a realizarlo en el Hospital de La Plata por lo avanzado del embarazo y una ONG en favor de los derechos de la mujer acompañó a la víctima a una clínica privada en donde se lo practicaron (foto).

Agosto de 2006. Dos jóvenes discapacitadas se realizaron abortos en Mendoza después de varias semanas de litigar ante la Justicia.

Marzo de 2010. Después de dos fallos adversos, se le practicó el aborto, en Comodoro Rivadavia, a una joven de 15 años que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro.

Julio de 2010. Se desató una polémica en Bariloche, porque los estudios de ADN efectuados al feto de una menor de 17 años que abortó con autorización judicial arrojaron resultados incompatibles con su padre y su tío, acusados por el presunto abuso sexual reiterado. La interrupción del embarazo de 12 semanas de gestación fue realizada en el hospital público de Bariloche, tras una autorización judicial.

Para evitar que enfrenten procesos en libertad, las autoridades estatales configuraron el delito de homicidio en razón de parentesco.

León.- Al menos 160 mujeres de Guanajuato enfrentan un proceso penal por haber sufrido un aborto espontáneo, cuatro fueron sentenciadas hasta con 29 años de cárcel y otras nueve enfrentan la justicia en libertad condicionada.

La directora del Centro de Atención a la Mujer “Las Libres”, Verónica Cruz Sánchez, documentó los casos y alertó que las denuncias por aborto aumentaron, pues de enero a la fecha se han reportado 30.

En Guanajuato, el delito de aborto se castiga con tres años de cárcel y con la posibilidad de la libertad provisional; sin embargo, para castigarlas con la pena máxima, las autoridades del estado les han configurado el delito de homicidio en razón de parentesco.

“Las Libres” denunció que las mujeres enjuiciadas también enfrentan “hostigamiento judicial”, debido a que los agentes del Ministerio Público las persiguen, puerta por puerta, para saber si nació el bebé o abortaron, además de abusar sexualmente de ellas.

“Las acusan de infidelidad, las tocan en sus partes íntimas y las exhiben como en los tiempo de la Santa Inquisición”, lamentó Cruz Sánchez en conferencia de prensa.

Los cuatro casos de mujeres sentenciadas por homicidio en razón de parentesco sufrieron violencia sexual, no tuvieron acceso a los servicios de salud pública e ingresaron a la cárcel entre los 18 y 19 años de edad.

“Los hombres que las embarazaron no se responsabilizaron, las abandonaron y, lo más grave, testificaron contra ellas”, abundó Verónica Cruz.

Los cuatro casos con condenas de hasta 29 años se presentaron en Valle de Santiago, Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Las nueve que enfrentan la justicia en libertad, son originaria de León e Irapuato.

“Como ven, allá (en ciudades más industrializadas) las condenas son de tres años y acá (en zonas del norte del estado) las sentencias son de hasta 29 años, parecidas a las dictadas por genocidio”, detalló Cruz Sánchez.

De acuerdo con el Centro de Atención a la Mujer “Las Libres”, los principales acusadores son médicos que forman parte de la nómina del sistema de salud del gobierno de Guanajuato.

También durante los últimos dos años, “Las Libres” registraron 231 violaciones, cuyos agresores —en su mayoría— aún continúan en las calles.

Los casos de mujeres detenidas por abortar se multiplican.

Uno de ellos es el de Frías, quien pertenece a una comunidad de las más marginadas del noreste del estado. Proviene de una familia en extrema pobreza, no fue a la escuela, no sabe leer ni escribir. Es madre de tres hijos, producto de distintas violaciones que sufrió a lo largo de su vida por un vecino que la atacaba durante las madrugadas. El miedo, las amenazas y la vergüenza influyeron para que se quedara callada.

“… Salí a traer el rastrojo… sentí dolor en la panza, y sentí cómo se me escurría algo entre las piernas. Los dolores eran cada vez más fuertes, me dejé caer encima del rastrojo, comencé a pujar para que saliera… pasé mi mano por su nariz, no sentí su respiración, esperé a que llorara… estaba muerto”, declaró ante la autoridad judicial y la cual aparece en el expediente.

La sentencia, 30 años de cárcel por el delito de homicidio en razón de parentesco o relación familiar en agravio de su menor recién nacida; posterior a ello se interpuso el recurso de apelación, en elque le fue modificada la condena a 25 años. Fue asistida por un abogado de oficio.

Desde 1978, Guanajuato no registra un aborto legal.

En espera de justicia

Edad: 26 años. Rocha es originaria de una comunidad marginada de Guanajuato, proviene de una familia de escasos recursos en la cual había muy poca comunicación. Sin la oportunidad de tener una educación básica, alcanzó a cursar el sexto de primaria. Desde su infancia se dedicó siempre a trabajar para ayudar a los gastos de la casa. Es una mujer muy sensible, sentimental y temerosa. Es madre de una niña de cinco años, quien es su razón de seguir adelante y vive con la ilusión de que pronto se le haga justicia.

Testimonio:

“… Mi novio me abandonó cuando se enteró que estaba embazada, nadie de mi familia sabía; mis papás son muy estrictos y tenía miedo de que se enteraran… ese día en la madrugada tenía ganas de ir al baño y fue cuando se me vino el producto, lo agarré y lo saqué; le pasé la mano para ver si respiraba y me di cuenta que estaba muerto”.

Sentencia:

Condenada a 25 años de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco en agravio de su vástago recién nacido. Se interpuso un recurso de apelación en el cual le confirmaron la sentencia. Fue asistida por un abogado de oficio.

Ingresó a la cárcel el 16 de febrero de 2004.

La falta de dinero

Edad: 26 años. Alarcón es originaria de una de las comunidades más marginadas del noreste del estado. Proviene de una familia de escasos recursos económicos y se dedica al trabajo del campo. Cursó la secundaria. Desde pequeña se ha dedicado a trabajar para apoyar a su familia. Su rostro refleja tristeza, es tímida y muy noble. Aquel día, Alarcón no tenía la información necesaria y todo para ella fue imprevisto.

Testimonio:

“Salí al patio a hacer del baño, sentí mucho dolor y después perdí el conocimiento. Mis papás salieron a buscarme porque ya me había tardado y me encontraron desmayada con el producto muerto entre la piernas…”

Sentencia:

Fue condenada a 29 años de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco calificado con ventaja cometido en agravio de su recién nacida. Posteriormente, se interpuso el recurso de apelación en el cual le confirman la sentencia. Fue asistida por un abogado de oficio, luego por un particular, aunque después ya no se le apoyó por falta de dinero.

Entra a la cárcel el 30 de abril de 2008.

En el hospital me denunciaron

Edad: 25 años. Juárez es originaria de una comunidad alejada y pobre del noreste del estado. Proviene de una familia humilde y sin recursos en la cual también había muy poca comunicación entre padres y hermanos. Siempre trabajó para contribuir a los gastos de la familia. En aquel tiempo era una mujer callada y tímida, con muchas inseguridades. Ahora, dentro de cárcel, trabaja en la cocina la mayor parte del día.

Testimonio:

“No podía decir que estaba embarazada por segunda ocasión, mi familia me amenazó con correrme si volvía a salir embarazada. Un día me sentí mal, pensé que tenía diarrea, fui a la letrina y sentí cómo una bolsa muy grande se me salió; ya en mi cuarto me corté el cordón con una tijeras, mi hermana me vio sangrando y le avisó a mi mamá, quien me llevó al hospital y ahí me denunciaron…”

Sentencia

El juez le dicta sentencia condenatoria a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado en razón de parentesco cometido en agravio de un menor recién nacido. Fue interpuesto un recurso de apelación y en la resolución se confirma la sentencia. Fue asistida por un abogado de oficio, de quien no recibió un buen trato.

La celebración fue en Quito pero contó con la presencia de hombres y mujeres de todo el país que con consignas manifestaban el orgullo de ser y la felicidad de expresarlo…

La despenalización del aborto sin duda baja los índices de mortalidad de mujeres que mueren por practicarse abortos en pésimas condiciones.

Columnistas – Fernando Sancho

Como es ya una tradición política de lucha reivindicativa, este 28 de junio se celebrará en muchas ciudades del planeta el Día Mundial del Orgullo LGBTI que en nuestro país se llevará a efecto mediante una marcha programada para el sábado 26 de junio en Guayaquil y el 3 de julio en Quito respectivamente.

Desde el 14 de mayo millones de santiaguinos/as pueden ver la apuesta comunicacional más directa y clara sobre los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales desarrollada en Chile.

Con el auspicio de la Embajada de los Reinos de los Países Bajos, el Movimiento de Integración  y Liberación Homosexual (Movilh) lanzó una inédita campaña comunicacional para promover los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

La campaña, la primera de su tipo realizada en Chile y la más ambiciosa desarrollada por el movimiento de la diversidad sexual, contempla la instalación de gigantografías en 40 buses del Transantiago y en dos zonas simbólicas de la Gran Capital, Paseo Ahumada con Alameda y Plaza Italia.

Una pareja lésbica, una gay y dos heterosexuales, una joven esperando un bebé y una de adulto mayores, son las imágenes centrales de las piezas comunicacionales  que apelan en los mensajes principales a la sensibilidad ciudadana y que tiene como contenidos específicos la ley contra la discriminación, la igualdad legal para todas parejas y el Bicentenario de Chile.

En la imagen de Plaza de Italia, figura una pareja de lesbianas besándose bajo la frase “Si te molesta el amor, hazte ver. La homofobia y transfobia son violencia. Igualdad legal para todas las parejas”.

En tanto, en Ahumada con Alameda se aprecia a una joven pareja heterosexual esperando un/a hijo/a con la frase “¿Y sí naciera homosexual, le quitarías sus derechos?. Ley contra la discriminación ahora”.

Por último, en la imagen que irá inserta en los buses figura una pareja heterosexual de adultos mayores y en el fondo una pareja gay besándose. La frase de esta apuesta indica “Porque tenemos principios, combatimos la discriminación. Estamos a la altura del Bicententario”.

“La campaña busca contribuir a superar la brutal discriminación que afecta a las minorías sexuales, pero al unísono constituye en sí misma una muestra de que Chile ha cambiado, de que es posible que el movimiento de la diversidad sexual transmita sin censuras sus propuestas en los espacios públicos, dejándose atrás los tabús que han marcado la historia de nuestro país en torno a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales”, sostuvo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

La apuesta comunicacional, que ha llamado poderosamente la atención de los transeúntes, se extenderá por un plazo de un mes y es parte de las diversas actividades que el Movilh viene realizando desde el año pasado con motivo del Bicentenario de Chile y que este mes de encuadran en el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

“En nuestro país no existe ninguna ley que haga referencia a los derechos de las minorías sexuales, aún cuando hemos conseguido la aprobación de ordenanzas municipales contra la discriminación. Con esta campaña, buscamos potenciar y apresurar la aprobación de la ley contra la discriminación y de otras normativas que terminen con los problemas padecidos por todos los convivientes, sean homosexuales y heterosexuales”, añadió el Movilh.

El organismo puntualizó que las piezas comunicacionales lanzadas hoy pasaron por diversos focus groups, optándose porque dos de ellas tuvieran en el centro a parejas heterosexuales, “pues ello generara más cercanía y demuestra que lesbianas, gays, bisexuales y transexuales nacimos y nos criamos en el seno de parejas compuestas por personas de distinto sexo, no siendo por consecuencia la homosexualidad o la transexualidad una realidad aislada, sino que parte del conjunto de la sociedad”.

En el caso de la gigantografía lésbica “la razón se debe  a que las mujeres homosexuales han sido más invisibles que los hombres, y con esta pieza queremos romper con esta situación”.